Una Conquista Histórica

América Latina y particularmente Centroamérica son actualmente las regiones más avanzadas en materia de legislación relativa a la violencia contra las mujeres. El continente aprobó la primera Convención internacional en este campo, y los países centroamericanos cuentan con las primeras leyes que han penalizado el femicidio. Estas conquistas han sido resultado de las luchas sostenidas de las organizaciones de mujeres y feministas, que en cada período han visibilizado y denunciado los problemas centrales y han posicionado demandas estratégicas.

Finales del Siglo XX: El reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como Convención de Belem do Para (1) fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 1994, y ha sido ratificada por todos los Estados de América Latina. Junto con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés)(2) constituyen el marco jurídico internacional más estrechamente relacionado con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Se trata de dos Convenciones de derechos humanos, por lo tanto, su ratificación implica que las normas nacionales deben adecuarse a ellas, por estar colocadas jerárquicamente por encima de la ley ordinaria y de la Constitución.

La Convención de Belem do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, vinculando por tanto la discriminación de las mujeres con la violencia que contra ellas se ejerce. Se puede entender esta Convención como una aplicación específica de la CEDAW en materia de violencia contra las mujeres.

Por otra parte, la Convención de Belem do Pará plantea que la violencia contra las mujeres puede ocurrir en cualquier ámbito. En efecto la discriminación contra las mujeres existe en cualquiera de ellos:

Artículo 2

 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

La aprobación de la CEDAW en el año 1979 (entró en vigor en 1981) es anterior a la visibilización y la denuncia que las organizaciones feministas de todo el mundo hacen de la violencia contra las mujeres, por tanto, en su texto no se menciona este problema. Sin embargo, el Comité de la CEDAW ha planteado explícitamente la relación inseparable entre la discriminación y la violencia:

La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre

(…)

6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia
(Comité de la CEDAW, Recomendación general Nº 19, 11º período de sesiones, 1992, La violencia contra la mujer). (3)

Las Recomendaciones del Comité de la CEDAW son parte de los referentes y estándares que los Estados tienen para garantizar a todas las mujeres el derecho a vivir libres de violencia. Lo son también el conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, en la medida en que se relacionen o sean aplicables a la violencia contra las mujeres, como los relativos a la tortura, a la trata de personas, a las desapariciones forzadas, al racismo, entre otros, y aquellos que protegen a poblaciones específicas, como migrantes, población LGBTTI, pueblos indígenas o personas con discapacidad.

Llegar hasta este punto no ha sido tarea fácil. Hubo que esperar a 1993 para que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, Naciones Unidas reconociera formalmente que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, y que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esta ha sido una conquista del movimiento feminista mundial. Igualmente ha sido conquista de las organizaciones de América Latina y El Caribe la aprobación de la Convención de Belem do Pará por parte de la OEA y su ratificación por los Estados.

La desigualdad de poder entre hombres y mujeres, es decir, la discriminación y la subordinación femenina, es la causa de la violencia contra las mujeres. No puede haber, por tanto, simetría en esta violencia ya que no la hay en las condiciones sociales entre unos y otras.

Un principio de la doctrina de derechos humanos plantea que no puede tratarse como iguales a quienes la sociedad coloca en posiciones desiguales, ya que eso aumentaría la desigualdad. Sin embargo, la ratificación de la Convención de Belem do Pará no conllevó la aprobación de leyes dirigidas a proteger a las mujeres frente a la violencia que como mujeres viven en cualquier ámbito. Por el contrario, se aprobaron leyes de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, en la que no se hace diferencia entre mujeres y hombres.

A pesar de que las organizaciones de mujeres y feministas demandaron leyes que respondieran a los principios y compromisos contenidos en la Convención de Belem do Pará, se aprobaron leyes genéricamente neutras. Estas leyes fueron y siguen siendo de utilidad para muchas mujeres, pero favorecen que los hombres agresores las utilicen en contra de las mujeres que maltratan, alimentando la misoginia y el prejuicio social que culpa a las mujeres y exculpa a los hombres.

Estas leyes genéricamente neutras, son en su mayoría de medidas de protección y no sancionan la violencia, ya que en pocos países el movimiento feminista optó por la penalización. Se consideró que iniciar con leyes no penales permitiría a las mujeres recurrir a los espacios judiciales con menos temor, y apropiarse de estos recursos preparando el terreno para las propuestas de sanción.

UNIFEM, hoy ONUMUJERES, las nombró como leyes de primera generación. La Red Feminista Centroamericana Contra la Violencia Hacia las Mujeres planteó en el balance de 10 años que se hizo de la Convención de Belem do Pará que ninguna de estas leyes responde a esta Convención, y que por el contrario, la  habían desvirtuado,  ya que ningún Estado había respetado la definición de violencia contra las mujeres que plantea este instrumento.

Inicia el Siglo XXI: Visibilización y denuncia del femicidio

Al inicio del nuevo siglo las organizaciones feministas de Centroamérica y México comienzan a visibilizar y denunciar el femicidio, la forma extrema, letal, de la violencia contra las mujeres. Esta realidad había sido ya analizada y conceptualizada por Diana Russell desde 1976 (4), quien lo denominó femicide.

Partiendo de la propuesta teórica de Diana Russell, algunas organizaciones de la Red Feminista Centroamericana Contra la Violencia Hacia las Mujeres debatieron teóricamente y comenzaron desde mediados de los años 90 a registrar e investigar el femicidio, teniendo como única fuente accesible los medios de comunicación. En el año 2000 se publica Femicidio en Costa Rica, 1990-1999 (5), que además de ser un estudio pionero en el continente elabora una propuesta metodológica propia.

Inicialmente las denuncias de las organizaciones feministas fueron descalificadas por los Estados. Al igual que dos décadas antes se negaba la existencia de la violencia contra las mujeres, se planteó que las cifras dadas por las organizaciones eran inventadas o exageradas. Se argumentó que el problema no era grave ya que el número de muertes violentas de mujeres es muy inferior al de los hombres. Se quiso reducir el problema a los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o en el ámbito familiar.

Las organizaciones feministas argumentaron que si bien las mujeres son menos frecuentemente que los hombres víctimas de homicidio, la mayoría de las veces las matan hombres, situación que no se da a la inversa, y que tratándose de una violación de derechos humanos, y no producto de la llamada violencia social, debería ser un problema prioritario para los Estados. Se recordó que la Convención de Belem do Pará plantea que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos, y que por tanto en todos pueden cometerse femicidios.

Avanzando la primera década de este siglo, la realidad del femicidio fue incuestionable. A las denuncias de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, las más conocidas a nivel mundial, se sumaron las que se hicieron desde Guatemala, país donde las cifras de muertes violentas de mujeres aumentaban vertiginosamente año tras año.

Un estudio regional de la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres publicado en 2010, No olvidamos ni aceptamos. Femicidio en Centroamérica 2000-2006 (6) mostró con datos duros la realidad. La región estaba viviendo una escalada de muertes violentas de mujeres y femicidios. No solo aumentaban las cifras al parecer en forma incontenible; también lo hacía la crueldad con la que estos crímenes eran cometidos. Esta situación no puede explicarse por el aumento general de la violencia en esta región, ya que en algunos países los homicidios de mujeres han aumentado más rápidamente que los de los hombres.

Otro hallazgo relevante de esta investigación fue la identificación de nuevos escenarios de femicidio. No solo las mujeres pierden la vida por su condición social de subordinación de género a manos de parejas, exparejas, familiares hombres, pretendientes, acosadores y atacantes sexuales. También lo hacen, y cada vez más, por la acción de mareros, redes de trata para todo tipo de explotación, crimen organizado, y en el contexto de una migración dentro y fuera de la región que es especialmente insegura para las mujeres. Cada vez más los cuerpos de las mujeres se convierten en territorio de venganza entre hombres o como marca de dominio y control de grupos delictivos.

En algunos países y algunos años, los femicidios cometidos en estos nuevos escenarios llegan a supera los cometidos por parejas, exparejas y familiares. Guatemala, Honduras y El Salvador alcanzaron tasas cercanas a 10 homicidios de mujeres por 100 mil mujeres, tasa considerada epidémica por la OMS. En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aunque las tasas se mantuvieron oscilantes sin llegar a valores tan altos, la amenaza de una dinámica similar no puede descartarse, ya que las condiciones que han favorecido la escalada de femicidio están presentes en toda la región, y toda ella comparte algunos indicadores que apuntan al mismo riesgo. Entre estos indicadores, el aumento de la crueldad en las muertes de mujeres y el aumento de la violencia sexual en ellas, presente en 1 de cada 4 femicidios, es decir, en un 25%, cuando en la década anterior se identificaba en un 10% a 12%.

Finalmente, leyes específicas de penalización de la violencia contra las mujeres y el femicidio

Los Estados y las sociedades de Centroamérica estaban mal preparados para enfrentar esta escalada imparable de femicidios. Las leyes genéricamente neutras, y la tendencia a la negar la existencia de una violencia contra las mujeres, ocultándola bajo el manto distorsionante de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, volvieron ciegos e insensibles a los administradores de justicia y los programas estatales. Cualquier intento de legislar específicamente en relación a la violencia contra las mujeres fue rechazada con el argumento de ser inconstitucional por discriminar a los hombres, aun cuando todos los países habían ratificado la Convención de Belem do Pará donde se comprometen a hacerlo. Igual suerte corrieron los servicios especializados; las lógicas y prácticas fueron orientadas a sanear las familiasy no a defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a decidir autónomamente sobre sus destinos.

Las conciliaciones, que desde la doctrina se señala que son inviables y contraproducentes cuando no hay equilibrio de poder entre las partes, -que es precisamente lo que ocurre cuando hay violencia contra las mujeres-, fueron y siguen siendo practicadas en nombre de la unidad familiar y las creencias religiosas de funcionarios y funcionarias, a pesar de queen muchos países están prohibidas expresamente por ley. Lamentablemente, estas conciliaciones y otras prácticas que colocan formalmente en el mismo lugar a los hombres agresores y a las mujeres que maltratan, han costado la vida a algunas de estas mujeres.

En este contexto, en los primeros años de este siglo organizaciones de la Red Feminista Centroamericana Contra la Violencia Hacia las Mujeres comenzaron a discutir y elaborar propuestas para penalizar la violencia contra las mujeres y el femicidio, con leyes que respondieran a los compromisos asumidos en la Convención de Belem do Pará y que por tanto no fueran genéricamente neutras ni limitadas al ámbito de pareja y familiar.

Legislaciones nacionales, una reseña general

El primer proyecto de ley para penalizar específicamente la violencia contra las mujeres y el femicidio en cualquier ámbito, pionero a nivel mundial, fue presentado en Costa Rica el 25 de Noviembre de 1999. Encontró una enorme resistencia de parte de un grupo de legisladores que argumentaron una supuesta inconstitucionalidad por proteger únicamente a las mujeres. Fue enviado numerosas veces a consulta constitucional con lo que el proceso se alargó durante más de 6 años. El ámbito de aplicación, planteado originalmente como relaciones de poder o de confianza, fue restringido a matrimonio o unión de hecho declarada o no.

Finalmente, la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres fue aprobada por la Asamblea Legislativa en abril de 2007, siendo la primera en el mundo que penaliza el femicidio. Este proceso dejó además una resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica que lejos de considerar la ley discriminatoria plantea:

De ahí que atendiendo a las obligaciones contraídas a nivel internacional en el sentido de adoptar medidas concretas, incluidas las legislativas y, específicamente, las penales, para erradicar la discriminación por razón de género en perjuicio de las mujeres, manifestada por medio de la violencia, resulte constitucionalmente irreprochable el empleo de una ley penal especial y específica como alternativa para sancionar una de las ofensas más graves a la dignidad humana que se conocen y que la propia Sala ha calificado como “grosera” y “un mal estructural”, para cuya erradicación se requiere de la adopción de medidas específicas (véase por todas, la sentencia 3419-2001 de las 15:29 horas del 2 de mayo de 2001). En realidad, lo que el legislador ha hecho en este proyecto es un ejercicio legítimo de la denominada acción afirmativa manifestada penalmente dada la especificidad y la gravedad de la materia regulada (7).

La ley aprobada en Costa Rica, aunque representa un gran avance, es limitada en relación a los mandatos de la Convención de Belem do Pará, e insuficiente para las necesidades reales. Afortunadamente fue superada por las que en el período inmediatamente posterior se elaboraron y aprobaron en el resto de países de Centroamérica. En todos ellos los proyectos elaborados por las organizaciones feministas y de mujeres (en ocasiones en alianza con algunas instituciones estatales) fueron cuestionados por ser supuestamente inconstitucionales y las autoras tachadas como extremistas. Las resistencias fueron fuertes, pero en todos los países se lograron aprobar estas leyes que hoy se consideran de segunda generación. En 2013 se cierra el proceso con la aprobación de la última ley:

2007. Costa Rica: Ley de penalización de la violencia contra las mujeres

2008. Guatemala: Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres

2011. El Salvador (entra en vigor en 2012): Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres

2011. Nicaragua: Ley integral contra la violencia hacia la mujer y reformas a la ley 641

2013. Honduras: Decreto número 23-2013

2013. Panamá: Ley que reforma el código penal para tipificar el femicidio y sancionar la violencia contra la mujer y dicta medidas de prevención de estas conductas punibles

Estas leyes, más allá de ser penales,específicas de violencia contra las mujeres y penalizar el femicidio, son de diferente carácter. Algunas son integrales porque además de ser punitivas definen obligaciones del Estado para proteger a las mujeres y prevenir la violencia. Otras son exclusivamente penales, y abarcan todos los delitos de violencia contra las mujeres. Otras solo penalizan el femicidio como un tipo que se incluye en el Código Penal.

La conquista que representa la aprobación de estas leyes ha sio objeto de ataque. En 2008 la Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional dos tipos penales de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres y solo una nueva redacción más restrictiva que la anterior permitió recuperarlos. En Nicaragua en 2013 las y los legisladores aprobaron una reforma a la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y reformas a la ley 641 por la que se permite la conciliación.

Más allá de estos atques formales a la legislación que penaiza la violencia contra las mujeres y el femicidio en Centroamérica, las organizaciones de mujeres y feministas alertan sobre la escasa aplicación de estas normas, o la poca efectividad cuando sí se aplican. Este Observatorio pretende dar seguimiento a la aplicación en particular de estas leyes.

En breve se podrá consultar en esta página una síntesis comparada de las leyes de cada país.

 

(1) http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

(2) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

(4) Russell, Diana y Harmes, Roberta ed. (1991. Femicide in global perspective. New York: Teachers College Press.
(5) Carcedo, Ana y Sagot, Montserrat. (2000). Femicidio en Costa Rica, 1990-1999. San José: OPS. http://www1.paho.org/English/HDP/HDW/femicidio.pdf
(6) Carcedo, Ana, et al. (2010). No olvidamos ni aceptamos. Femicidio en Centroamérica 2000-2006. San José: CEFEMINA. http://www.redfeminista-noviolenciaca.org/sites/default/files/documentos...
(7) Sala Constitucional. (2004). Sentencia 3441-04. San José: Sala Constitucional. http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Pol...