Buenas prácticas

En Honduras y en Costa Rica se crean mecanismos Estado-organizaciones feministas y de mujeres para registrar y analizar los femicidios

Las organizaciones feministas han sido pioneras en nombrar, conceptualizar y denunciar el femicidio, y también en registrarlo y analizarlo. En nuestra región, organizaciones que hoy forman parte de la Red Feminista Centroamericana Contra la Violencia Hacia las Mujeres  comenzaron a hacerlo a mediados de los años 90 del siglo pasado.

Se planteó una propuesta metodológica, -que se ha ido mejorando con el tiempo-, para identificar entre las muertes violentas de mujeres aquellas que constituyen femicidios, en sintonía con la Convención de Belem do Pará. Es decir, identificando cuáles de esas muertes derivan de la violencia basada en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Las fuentes principales han sido, y siguen siendo, las cifras oficiales de homicidios de mujeres, los expedientes de los procesos penales y los medios de comunicación.

Cuando comenzamos a dar a conocer nuestros primeros análisis surgieron discrepancias y en ocasiones controversias con las instancias estatales encargadas de registrar los homicidios. Ha sido prácticamente una constante que las organizaciones feministas y de mujeres diéramos cifras de muertes violentas de mujeres superiores a las oficiales. Y en relación al femicidio, en un primer momento esta categoría ni siquiera entraba en las estadísticas oficiales.

Sin embargo, el término femicidio se fue incorporando en los medios y en el lenguaje cotidiano de nuestras comunidades. En los últimos años se introdujo en nuestras legislaciones penales, y nació el femicidio como tipo penal. En la actualidad todos los países de Centroamérica registran este delito, al menos como se hace con el resto de los tipos penales.

Las discrepancias y controversias ahora se presentan en relación a los femicidios que los Estados y las organizaciones respectivamente reportan. Desde las instancias oficiales se tiende a considerar femicidio solo aquella muerte de mujer que en un juicio se comprueba que responde al tipo penal de femicidio aprobado en el país. Para las organizaciones feministas y de mujeres, femicidio incluye a todas las muertes en que la superioridad social masculina se impone para terminar con la vida de una mujer. No todas estas muertes están incluidas en los tipos penales. Ni siquiera hay garantía de que todas las que sí responden a la lógica contenida en los tipos penales sean juzgadas como femicidio, ya que en ocasiones la acusación es de homicidio, homicidio agravado, asesinato, parricidio o infanticidio.

En dos países de la región, Honduras y Costa Rica se han instalado mecanismos que reúnen la información oficial y la de las organizaciones, y en los que se analiza conjuntamente cada muerte violenta de mujer para discernir si se trata o no de un femicidio. Tener cifras confiables y consensuadas no es más que el primer paso para poder compartir análisis o elaborarlos conjuntamente, identificar tendencias, generar mecanismo de alerta y proponer estrategias enfocadas a objetivos concretos.

En Costa Rica el proceso inició hace más de una década. Tras los primeros desencuentros, las investigadoras nacionales de femicidio y los responsables de las estadísticas oficiales comenzaron a dialogar e identificar dónde se generaban las discrepancias. Tras la aprobación en 2007 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres las organizaciones señalaron el limitado ámbito de aplicación de esta ley (matrimonio y unión de hecho) y la necesidad de reconocer, de acuerdo a la Convención de Belem do Pará, otros homicidios de mujeres como femicidios.

Esta misma necesidad la planteó la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional Contra la Violencia Contra las Mujeres (PLANOVI), instancia mixta en la que participan instituciones estatales y organizaciones de mujeres y feministas. Se decidió avanzar en este sentido presentando a los encargados de las estadísticas judiciales la investigación de la Red No olvidamos ni aceptamos. Femicidio en Centroamérica 2000-2006.

El resultado es la elaboración de una propuesta conjunta para registrar en dos categorías separadas los femicidio por artículo 21 y aquellos que la Ley no incluye. A ésta segunda se la llamó femicidio ampliado y se trata de todos aquellos cometidos en otros escenarios de femicidio que incluyen, al menos, los que se identifican en la investigación centroamericana de la Red. A la reunión de ambas  categorías se la denomina femicidio según Belem do Pará. Esta propuesta fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia.

A partir de 2011 se formaliza una Subcomisión de Femicidios de la Comisión de Seguimiento del PLANOVI conformada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Sección de Estadísticas del Poder Judicial, El Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, y representantes de Programas de Género de las Universidades públicas y de la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres de Costa Rica. Al año siguiente se da a conocer el primer informe elaborado sobre la base del análisis realizado en esta Subcomisión y con las categorías y criterios consensuados. En la actualidad, dos semanas antes del 25 de Noviembre la Subcomisión puede brindar una cifra preliminar de femicidios y en el primer semestre de cada año se elabora el informe de femicidio correspondiente al año anterior. Por otra parte, la Sección de Estadísticas del Poder Judicial ha hecho un análisis retroactivo a 1993 de manera que se cuenta con series temporales que pueden ser consultadas en el sitio del Poder Judicial (1).

En Honduras el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), promovió la creación de una Plataforma de organizaciones de mujeres  de apoyo al Observatorio en la producción de los datos sobre femicidios.  El Observatorio recibe información de las instituciones estatales, y elabora y publica informes periódicos. Los datos provienen de los registros de la Policía, de Investigación Criminal y de Medicina Legal, y son revisados y homologados en un minucioso análisis de cada caso. Luego esos mismos datos son revisados con la Plataforma de organizaciones de mujeres, que llevan sus propios registros a partir de la información de noticias de prensa, y de las denuncias que reciben y recaban.  Los datos oficiales de muertes de mujeres, que las fuentes oficiales han clasificado  según los tipos penales, son contrastados, caso por caso, con la información que han documentado las organizaciones de mujeres.  Esto permite obtener una base de datos depurada, completa y sustentada  con información de diversas fuentes.

El Observatorio de la Violencia comenzó a publicar en 2009 una serie de Boletines sobre muertes violentas de mujeres y femicidio. Con la creación de la Plataforma estos Boletines recogen también los aportes de las organizaciones, tanto en las definiciones teóricas y los planteamientos metodológicos, como en los datos estadísticos publicados. Hasta la fecha el Observatorio de la Violencia ha publicado cinco Boletines sobre muertes violentas de mujeres y femicidio (2).

A partir de enero 2014, con el cambio de gobierno, las nuevas autoridades decidieron dejar de colaborar con el Observatorio, probablemente porque el país saltó a las noticias internacionales como uno de los más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 87 por cien mil habitantes, y  una escalada creciente de femicidios. La Secretaría de Seguridad informó que manejarían su propia base de datos, sin participación del Observatorio, y por supuesto, sin participación de las organizaciones de mujeres.

El Observatorio ha continuado generando datos sobre femicidios con la colaboración de la Plataforma de organizaciones de mujeres, con la información disponible de noticias de prensa, y la que han recogido las mismas organizaciones en los territorios donde trabajan. Esto ha significado un enorme retroceso en la transparencia de la información. Desde las fuentes oficiales, las cifras publicadas empezaron a mostrar un descenso en la incidencia de todo tipo de violencia.